Copiapó: Fiscalía formalizó causa por fraude al fisco en pagos de permiso de circulación

La Fiscalía de Atacama formalizó una investigación por los delitos de fraude al fisco, cohecho, ilícitos informáticos y uso de documentación falsa, en una causa que involucra a una exfuncionaria de la Municipalidad de Copiapó y a dos particulares, por presuntas actuaciones ilegales.

La investigación es dirigida por el fiscal Luis Miranda, quien presentó los antecedentes y medios de prueba reunidos junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI durante la audiencia de formalización.

Según expuso el persecutor, la exfuncionaria habría manipulado de manera intencional el sistema informático CAS Chile, utilizado para la gestión de permisos de circulación, logrando recalcular y rebajar de forma ilegal el monto correspondiente a un vehículo. Esta modificación también habría permitido eliminar del sistema multas de tránsito impagas asociadas al mismo.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada se desempeñó bajo la modalidad de honorarios en la Municipalidad de Copiapó entre diciembre de 2020 y febrero de 2026, periodo en el que habrían ocurrido los hechos investigados.

Antecedentes

«El caso que permitió detectar la comisión de estos delitos involucró a dos particulares, uno de los cuales recurrió a un conocido para poder regularizar los documentos de un vehículo que mantenía deudas impagas en la Municipalidad de Río Claro«, indicó el fiscal.

Agregando que «ello involucró el pago de un monto de más de 2 millones de pesos a la imputada, quien de manera irregular modificó la plataforma informática para reducir considerablemente el monto a pagar para lograr la regularización del vehículo. Todo ello, quedó al descubierto en marzo de este año cuando el imputado, dueño del móvil, quiso realizar el trámite de permiso de circulación», indicó el fiscal.

Además de ello, Miranda informó que durante la investigación de estos hechos surgieron antecedentes de otras 92 operaciones similares, varias de ellas que beneficiaron ilegalmente a vehículos de alta gama y aplicadas de manera reiterada a algunos móviles, incluyendo aquellos que están inscritos a nombre de empresas a las que se modificó la franquicia de uso para discapacidad.

“Esta investigación está en pleno desarrollo y nos resta ubicar al universo de personas que obtuvieron beneficios ilegales a partir de la modificación de este tipo de franquicia que, en esta etapa de la causa, se contabilizan 30. No descartando que puedan surgir más casos y otros partícipes”, explicó el fiscal.

PDI

Sobre este caso, el comisario Miguel Huerta de la Bridec Copiapó, indicó que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, realizaron una serie de diligencias investigativas en conjunto con la Fiscalía de Atacama, en virtud de una denuncia cursada por la Municipalidad de Copiapó, la cual hacía referencia a irregularidades en pagos de permisos de circulación.

En este sentido indicó que el trabajo policial permitió acreditar que una exfuncionaria municipal utilizaba sus credenciales para modificar la información que se ingresaba al sistema, dando cuenta de pagos menores al dinero que recibía de terceros por llevar a cabo el trámite de regularización de los permisos de circulación.

“Las indagatorias establecieron la participación de tres personas tras acreditar la emisión fraudulenta de los permisos de circulación, modificando la información en el sistema para ingresar valores menores tras evadir el pago de impuestos. De esta forma, se gestionaron órdenes judiciales de detención, las cuales oficiales policiales de la Bridec Copiapó materializaron, logrando la captura de los tres imputados, una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena”, dijo.

Prisión preventiva

En la audiencia, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad en contra de la imputada, petición que el Juez de turno acogió y ordenó su ingreso a la cárcel de esta ciudad. Esto como autora de los delitos reiterados de fraude al fisco, el ilícito informático de adulteración de datos y falsificación de documentos computacional.

Respecto de los imputados particulares, a quienes se indaga por el delito de cohecho, se determinó que deberán cumplir arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Finalmente, se fijó un plazo de seis meses para la ejecución del resto de las diligencias de este caso.