Acceso a información pública: algo «necesario» para la mayoría, pero pocos ejercen su derecho

La última versión del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia(CPLT) evidenció una percepción generalizada respecto del acceso a la información como algo necesario y como un derecho para cualquier ciudadano. Sin embargo, al mismo tiempo, como un ejercicio que resulta poco efectivo para las personas que realizan solicitudes dirigidas a entidades públicas.

Estas conclusiones se ven reflejadas en que 9 de cada 10 personas declaran que poder pedir antecedentes de entidades públicas es “necesario”.

La misma cifra está a favor de que toda persona tiene derecho a acceder a información que se requiera a estas instituciones.

No obstante, como contrapartida, la cifra se reduce a 3 de cada 10 encuestados que han requerido antecedentes a algún organismo del Estado, es decir que un 73% de las personas no ha solicitado información pública.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, afirmó que entre los deberes de la entidad está velar por que la ciudadanía pueda acceder a los antecedentes que poseen las instituciones públicas, “pero hemos visto que hay un porcentaje muy alto de población que no ha pedido nunca información a un organismo público”.

En ese contexto, agregó que les preocupa “fomentar las herramientas de transparencia para un mejor y mayor ejercicio del control social que no están aprovechando con todo su potencial”.

“Derecho llave”

De acuerdo al estudio, 5 de cada 10 consultados reconocieron eventuales resultados prácticos que podrían derivar del acceso a la información que manejan las instituciones públicas, como mejorar la gestión pública o fomentar la participación ciudadana.

Sin embargo, Jaraquemada manifestó que “esta conciencia de su derecho a saber contrasta con la utilidad que se percibe de esta herramienta”.

Por ello, desde el Consejo el llamado es a reconocer en este tipo de acciones con lo que se conoce como “derecho llave”, es decir, el acceso a otros servicios o derechos que impactan directamente en la vida de las personas.

“Si usted se siente vulnerado, hay herramientas de la ley que permiten acceder a información de utilidad para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, en el ámbito de acceso a la vivienda, salud y educación, que son temas de gran interés para las personas”, explicó el titular del CPLT.

A juicio de Jaraquemada, aunque se evidencia que la población reconoce cada vez más su derecho a exigir una rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer, en particular en el contexto actual.

“Nuestro estudio muestra bajos niveles de confianza hacia el sector público y privado, que se mantienen estables desde hace varios años. Esta crisis de confianza institucional que vemos es un fenómeno que cruza a la sociedad chilena y como hemos dicho: es parte del problema que derivó en el descontento que estuvo a la base de la actual crisis social”, finalizó el representante de Consejo.

Otros resultados de la encuesta

El estudio además evidenció que las mujeres son quienes usan más las herramientas de Ley de Transparencia, aunque lo hacen como una forma de ejercer otros derechos, es decir, con la finalidad de acceder a servicios o beneficios que brinda el sistema público, siendo una forma de informarse de ellos, conocer su exigibilidad y aplicación para sus vidas.

De acuerdo a la encuesta, “la mayoría de ellas no tiene posicionamiento político y declara no conocer la Ley de Transparencia, lo que desde la perspectiva del Consejo deja a los solicitantes en una situación de vulnerabilidad frente al Estado”.

Además, se indicó que el principal canal para requerir información sigue siendo el presencial (70%) y quienes señalan haber hecho una solicitud presencial, en su mayoría, habían manifestado previamente no saber cuáles son los canales a través de los cuales se puede ingresar una SAI (75%), lo que indica que se trata de usuarios desinformados.

fuente: biobiochile.cl