SES: Un tercio de las instituciones de educación superior fueron fiscalizadas por materias financieras

La Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió procesos de fiscalización por materias financieras a 49 de las 150 casas de estudios del país durante su primer año de gestión, informó el superintendente Jorge Avilés Barros, con motivo de la primera cuenta pública de la institución.

El pasado 6 de mayo, la SES cumplió recién un año de funcionamiento, luego que la Ley 21.091, que reorganizó buena parte de la institucionalidad de la educación superior chilena, la creara y definiera como un organismo público encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica del país.

Como organismo fiscalizador, la SES busca promover las condiciones que permitan el normal y armónico desarrollo del sistema, de la mano de una fiscalización efectiva y proporcional, la cual debe velar porque las instituciones de educación superior den estricto cumplimiento a la normativa que les es aplicable sin que por ello se inhiba su quehacer.

Para encausar esta misión, la SES fijó tres pilares que orientan su rol institucional. Estos son, la calidad, buscando promover en las instituciones una mejora continua y la generación de capacidades necesarias para responder a los desafíos actuales y futuros de la educación superior; la confianza, contribuyendo a incrementar, a través de nuestra gestión, los niveles de fiabilidad que el sistema de educación superior proyecta en sus distintos actores y en las relaciones entre estos; y el foco en las personas, centrando nuestro actuar en quienes son los destinatarios finales del sistema, con especial énfasis en los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas.

Calidad

Durante este primer año de funcionamiento, en el ámbito de fiscalización, la primera tarea que se propuso la superintendencia fue contar con la mayor cantidad de información relevante del sistema, de manera de conocer el verdadero estado de cada una de las instituciones, principalmente en los temas que dicen relación con la sustentabilidad y sostenibilidad de los distintos proyectos educativos.

Por lo anterior, solicitó al Ministerio de Educación la entrega de toda la información financiera de las instituciones de educación superior de los últimos años. Luego, con dicha información, y consciente de las complejidades que implica la tarea de supervisar un sistema diverso y heterogéneo, se comenzó a trabajar en la elaboración de un Modelo de Supervisión Basado en Riesgo, el cual tiene por objeto focalizar la acción fiscalizadora y prevenir escenarios que puedan afectar el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior y que eventualmente podrían comprometer su viabilidad futura. Dicha herramienta, que a la fecha ha considerado principalmente elementos financieros, integrará distintos factores que intervienen en el adecuado desarrollo de un proyecto educativo.

En esta misma línea, la SES requirió a la totalidad de las casas de estudios la información financiera y contractual que la ley establece y que reviste gran relevancia para el sistema, como son los estados financieros auditados; las donaciones; los actos, convenciones y operaciones realizadas con personas relacionadas; los socios, asociados y directivos de las instituciones; la participación de las casas de estudios en entidades relacionadas, así como los distintos hechos esenciales reportados por cada una de éstas. El análisis de estos antecedentes nos ha permitido contar con una panorámica amplia del funcionamiento del sistema y, adicionalmente, identificar instituciones que requieren de la concentración de nuestros esfuerzos.

Además de esto, la Superintendencia ha ejercido diversas acciones de fiscalización en otras materias, tales como, incumplimientos de obligaciones contenidas en los contratos de prestación de servicios educacionales; problemas de convivencia; incumplimiento de reglamentación interna de las casas de estudio; publicidad engañosa; retención de documentación por existencia de deudas, ente otras. Cabe señalar que gran parte de estas acciones surgieron a raíz de los reclamos y denuncias presentados por la propia ciudadanía, o bien de oficio por la Superintendencia, al realizar revisiones específicas de antecedentes remitidos por las distintas casas de estudio.

A la fecha, y durante este primer año de funcionamiento, la Superintendencia ha ejecutado un total de 1.053 acciones de fiscalización, abarcando a la totalidad de las casas de estudio sujetas a supervisión. Dentro de estás, se indagaron a 49 instituciones por materias financieras, lo que representa un tercio del sistema de educación superior.

Hoy está en plena ejecución el Plan Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las instituciones en el contexto de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, que constituye nuestro primer plan de fiscalización de contingencia, creado para revisar la efectiva prestación de los servicios educacionales en condiciones equivalentes a las originalmente convenidas.

Por otra parte, una de las atribuciones que la ley entrega a la Superintendencia es la de sustanciar los procesos administrativos sancionatorios y de aplicar sanciones en caso de verificarse la existencia de hechos que constituyan infracciones a la ley. En esta materia, durante este primer año de funcionamiento se instruyeron 9 procesos formales de investigación y 9 procesos administrativos sancionatorios, aplicándose sanciones en los seis casos que ya están cerrados. Las principales causas de estos procesos formales dicen relación con problemas financieros de las casas de estudio, o bien el incumplimiento de la entrega de información a esta Superintendencia.

Confianza

Un importante instrumento de la SES es la facultad normativa, que permite contribuir a dar certeza jurídica a las casas de estudio y a sus comunidades en distintas materias relevantes. En esta materia vale destacar las instrucciones referidas al sentido y alcance del caso fortuito o de fuerza mayor en el ámbito de la educación superior producto de los hechos ocurridos desde el pasado 18 de octubre, que constituyeron la primera herramienta normativa administrativa específica sobre esto en educación superior. A dicha circular se sumó una segunda que vino a complementar las instrucciones dadas en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Uno de los ejes estructurantes de esta Superintendencia es aumentar la confianza en el sistema y por ello ha dado pasos concretos para ampliar los niveles de transparencia. En esa línea, fue que publicó el primer registro público de socios y asociados de las instituciones de educación superior, como así también el primer registro público de directivos de las casas de estudios del país, ambos puestos a disposición de la ciudadanía en la página web institucional. A su vez, se pusieron a disposición de la ciudadanía los estados financieros de la totalidad de las instituciones, de modo que la comunidad en general pueda informarse respecto de la situación financiera de éstas.

Foco en las Personas

Una de las principales novedades que trajo consigo la creación de la superintendencia es que por primera vez el país cuenta con un organismo fiscalizador del sistema de educación superior, que incluye dentro de sus tareas, atender y gestionar de manera eficiente y oportuna las denuncias, reclamos y solicitudes de información que le presenten los distintos miembros de las comunidades educativas, con el objeto de contribuir a resguardar sus derechos y resolver las controversias que se produzcan entre ellos.

En este primer año de gestión, el Departamento de Atención Ciudadana de la SES ha recibido un total de 2.365 de reclamos y denuncias contra instituciones de educación superior, número que considerado significativo dada su breve existencia. De los casos tramitados, un 57% terminó con solución favorable para el usuario.

En cuanto a las temáticas más recurrentes de estas presentaciones, cabe consignar que el mayor número de estos dice relación con problemas administrativos en las instituciones, alcanzando una cifra cercana al 38%; con materias relativas a cobros erróneos y otros temas de financiamiento, en un 28% de ellos; y, con conflictos derivados de materias académicas, en un 26% de los casos. En particular, las principales materias han sido incumplimientos de reglamentos internos o de compromisos adquiridos con estudiantes; acusaciones de irregularidades o desórdenes internos; problemas con beneficios estudiantiles; cobros errados o condicionamientos indebidos por deudas de estudiantes; cambios curriculares no convenidos; hostigamiento a estudiantes; paros y tomas; entre otros.

En cuanto a la distribución geográfica de los casos recibidos, de acuerdo a la ubicación de la sede en cuestión, el 57,7% del total de las presentaciones proviene de instituciones de educación superior de la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Valparaíso con un 10,6% y del Biobío y del Maule, ambos con un 5,8%. Por su parte, cabe destacar que cerca de un 60% de los casos presentados fueron dirigidos a planteles universitarios, un 30,5% a institutos profesionales y un 9,5% a centros de formación técnica.