2020, un año de dulce y agraz. 2021, un año de ilusión

Iniciamos el año con desolación. Según información oficial del Instituto de Derechos Humanos (INDH), entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, período de las grandes movilizaciones ciudadanas que la prensa dio a conocer como “El Estallido Social”, hubo 3.203 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, que se tradujeron en la presentación de más de 2.500 querellas criminales contra agentes del Estado. Abatimiento que se agudizó, cuando la pandemia mundial de COVID–19 se hizo presente en nuestra cotidianeidad con cuarentenas, toques de queda y otras limitaciones severas al desplazamiento, pero también -y en lo que resulta más lamentable y difícil de aceptar- la muerte de más de 16.000 compatriotas.

Sin embargo, al concluir el año, la sensación generalizada en la ciudadanía es de fe y esperanza. Contribuyen a ese estado la conciencia ciudadana de que no habrá impunidad ante las vulneraciones de derechos humanos cometidas, porque las instituciones sabrán cumplir con su deber a este respecto, como también el descubrimiento de las vacunas que permitirán un mejor control y tratamiento de la pandemia, habiendo comenzado hace unos días los procesos de inoculación masiva con tal propósito.

No obstante, el sentimiento de confianza y la expectación mayor proviene de algo que suele ser característico a la idiosincrasia nacional, la capacidad de resolver por vías institucionales los más graves conflictos que ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia, como es el caso de la crisis social, política y económica que dejó al descubierto el estallido social de 18 de octubre de 2019.

Cuando en noviembre de 2019, partidos políticos de gobierno y oposición, con sólo honrosas excepciones, suscribieron el acuerdo que permitió dar salida pacífica e institucional a la crisis que estábamos afrontando, se cumplió una vez más con una antigua tradición de entendimiento y respeto por las instituciones que identifica a Chile en el concierto internacional, y -al igual como aconteció con el término de la dictadura- entregó al resultado de las urnas la definición de nuestro destino por los próximos 50 años. Porque el proceso constituyente, que surgió de dicho acuerdo, ha trazado ese camino como la vía para superar el conflicto, y el hecho más demostrativo del respaldo y la convicción ciudadana en el mismo fue la masiva participación en el plebiscito de 25 de octubre pasado, donde casi el 80% de los votantes dejó explicita su voluntad de querer una nueva Constitución y que ésta sea elaborada por hombres y mujeres ajenas al actual Congreso Nacional.

Así, el 2021 será un año de ilusión, el año del cambio de la base normativa en aras de una sociedad más justa, con amplio respeto a los Derechos Humanos (incluidos los de segunda generación, como salud, vivienda y seguridad social), con real paridad de género y verdadera inclusión de los pueblos originarios y los migrantes. En síntesis, una sociedad con mayor y mejor democracia. Ese es el sueño de la nueva Constitución, de nosotros depende hacerlo realidad, juntos lo haremos posible.

Marcelo Díaz S. – Abogado e investigador CISO