Diputado Santana denunció modificación de datos ante Contraloría en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia

El diputado por la región de Atacama, Juan Santana, ingresó ante la Contraloría una denuncia contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por eventuales modificaciones de datos que se han suscitado en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia en el contexto del coronavirus.

Al respecto, el parlamentario señaló que “realizamos este oficio a la Contraloría General de la República debido a que nos han llegado diversas denuncias de vecinos y vecinas de Atacama que indican que, a pesar de cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigidos por la ley, no han sido adjudicatarios del beneficio indicado sin razón justificante o que habiendo obtenido cierto porcentaje en el Registro Social de Hogares, al verificar sus postulaciones al IFE han constatado cambios unilaterales que no se condicen con la realidad y que no les permiten ser beneficiarios”.

Además, Santana explicó que esto es muy grave, pues en un contexto de pandemia y donde el nivel de desempleo ha aumentado considerablemente en los últimos meses, este bono viene a significar una gran ayuda para miles de familias de la región.

“Es por esto que hemos solicitado que se lleve a cabo una investigación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en particular a la Unidad Social de Emergencia, con el objeto de determinar el correcto uso del recién creado Índice Socioeconómico de Emergencia en la región de Atacama, dar curso a una auditoría que permita saber cuantas personas han sido beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia, cuantas han postulado, las respectivas apelaciones y finalmente que se informe sobre eventuales cambios unilaterales en el Registro Social de Hogares en la región de Atacama, y respuesta del servicio a dichas denuncias”.

Para cerrar, el legislador indicó que “esta situación se ha replicado a lo largo de todas las regiones del país, y que muchos parlamentarios han remitido antecedentes a Contraloría solicitando se lleve a cabo una investigación en la Subsecretaría que maneja la materia. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido respuestas que expliquen los cambios en la caracterización de los beneficiarios y la presencia de ingresos fantasmas en sus registros sociales”.