Fiscalía formalizó causa por malversación de más de mil 400 millones de pesos destinados a educación

La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de dos imputados a quienes indaga por su presunta responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, monto que correspondía a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que estaba destinada a recintos educacionales vulnerables de Copiapó. Causa en que además es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado.

En la audiencia, los hechos fueron expuestos por el fiscal Luis Miranda Flores, quien argumentó que a partir de un convenio firmado entre la Seremi de Educación y el Municipio local el año 2008, los recursos SEP debían ser destinados en forma íntegra al Plan de Mejoramiento Educativo de 23 establecimientos educacionales de la comuna, todos ellos dependientes de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM). Es así que entre el mes de enero del año 2010 y junio del año 2011, los ingresos percibidos por la Municipalidad para cumplir con este objetivo fueron de $3.166.689.436, los que debían ser administrados racional y eficientemente por el DAEM.

Respecto de ello, el fiscal Luis Miranda indicó en audiencia que ambos imputados, funcionarios de esa repartición municipal en el periodo investigado con cargos que implicaban tomar amplias decisiones financieras, sustrajeron la suma de $1.415.010.410 para ser ingresados a una cuenta corriente municipal de nombre “Sueldos Educación”, información determinada a partir de una diligencia contable que desarrolló personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI. No existiendo en la actualidad certeza de cuál fue el uso definitivo que tuvo este dinero, determinándose en la investigación de la Fiscalía que está descartado que haya sido utilizado para el pago de cotizaciones previsionales de funcionarios de los recintos educativos de la ciudad.

“Los recursos debían ser destinados de forma exclusiva a establecimientos educacionales vulnerables de la comuna de Copiapó, lo que de acuerdo a la investigación llevada a cabo no ocurrió. En función de estos hechos la Fiscalía formalizó a dos imputados que prestaban funciones en el municipio en el periodo investigado”, dijo el fiscal.

En la audiencia el Juez de turno fijo un plazo de investigación de 6 meses a partir de esta fecha, periodo en que la Fiscalía desarrollará nuevas diligencias tendientes a reunir más información respecto de este ilícito. En tanto, ambos imputados deberán cumplir, durante el desarrollo de la indagatoria, la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que será verificado por funcionarios de ambas policías.