Presidente del Banco Central de Chile se refiere al último pago de la Obligación Subordinada

El 2 de mayo, el Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, junto al Vicepresidente de la institución, Joaquín Vial, recibieron la visita de las autoridades del Banco de Chile con la que se formalizó el término de la obligación subordinada. Este encuentro sigue al pago de $90.299.886.695 efectuado el 30 de abril por dicha entidad, correspondiente a la última obligación pendiente con el Banco Central originada en la crisis financiera de 1982-83.

En la ocasión, el Presidente del Banco Central declaró que para la institución que representa, el pago de la última cuota de la denominada deuda subordinada por el Banco de Chile era motivo de satisfacción, pero no de celebración.

El Presidente felicitó los directivos del Banco de Chile por haber logrado generar los recursos para adelantar el pago de la deuda, en circunstancias que en un inicio se percibía que iba a tener dificultades para pagarla en los plazos establecidos.

Destacó Marcel que la deuda se originó en el rescate del sistema financiero tras la crisis de 1982-83, episodio que implicó un enorme costo para el país. Dicha crisis provocó la quiebra de miles de empresas, hizo que cientos de miles de chilenos perdieran su empleo y su resolución demandó ingentes recursos del Estado, marcando el balance del Banco Central por casi cuatro décadas.

“La extinción de la deuda subordinada es una oportunidad para reconocer los altos costos económicos y sociales de las crisis financieras, resaltar las lecciones aprendidas de nuestra experiencia y valorar los cambios que ha tenido el sistema financiero chileno con posterioridad a la crisis”, señaló Marcel.

“Sobre todo, esta es una oportunidad para renovar el compromiso de todos los sectores –autoridades, reguladores y actores de la industria- para que nunca más se vuelva a exponer al país a un episodio como éste”, declaró, recordando que “los riesgos para la estabilidad financiera siempre están latentes”.

En la crisis de 1982-83, el PIB cayó 14% en un año y la tasa de desempleo superó el 25%; 22 instituciones financieras, responsables de 60% del crédito fueron intervenidas. La resolución de la crisis tuvo un costo fiscal directo del 41% del PIB, lo que hace a la crisis chilena de los 80 una de las más costosas de la historia, considerando desembolsos fiscales y pérdidas de producto.

Entre las principales lecciones aprendidas de la crisis destacó: (a) la importancia de una política macroeconómica responsable, que facilite el ajuste de precios relativos frente a cambios en el entorno y sea capaz de amortiguar, en lugar de acentuar, el ciclo económico; (b) la necesidad de evitar un comportamiento procíclico del crédito y la exposición de las instituciones financieras a riesgos cambiarios, y (c) el papel crítico de una institucionalidad regulatoria potente, dotada de las competencias, instrumentos y recursos necesarios para desempeñar rigurosamente su labor, identificar la evolución de los mercados y adaptarse a ellos.

En relación a esto último, Marcel destacó los importantes cambios de la regulación bancaria adoptados en 1986, donde se introdujo limitaciones en el descalce de monedas, así como restricciones a los préstamos con partes relacionadas y a que los bancos reciban bienes en lugar de recursos líquidos. Estos cambios, unidos a la fuerte recomposición del sistema financiero que generó la crisis y al desarrollo de inversionistas institucionales, hacen que hoy el sistema financiero chileno no solo sea totalmente distinto al de comienzos de los 80, sino que se haya transformado en uno de los más avanzados entre países emergentes.

El Presidente del Banco Central destacó que las lecciones de la crisis se extienden a los recientes cambios institucionales y regulatorios de la banca. La nueva Ley General de Bancos, promulgada recientemente, es un paso relevante en el desarrollo del sistema financiero chileno, estableciendo una institucionalidad regulatoria más fuerte; adoptando los estándares de solvencia bancaria surgidos de la Crisis Financiera Internacional, e introduciendo mecanismos para amortiguar comportamiento procíclico del crédito.

“El proceso de implementación de la nueva Ley General de Bancos demandará sentido de cooperación y visión de largo plazo de todos los actores –públicos y privados—del sistema financiero”, sentenció.

Finalmente, Marcel recordó que las necesidades de actualización de la regulación financiera chilena no se agotarán con la implementación de esta ley. En particular, “sigue siendo necesario avanzar en modernizar el marco de resolución de bancos en problemas y en el desarrollo de una nueva institucionalidad de seguro de depósito”, lo cual espera que se produzca una vez se complete la etapa normativa de la aplicación de la Ley General de Bancos.