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Ante recurso del INDH, Corte Suprema ordena formalizar solicitudes de refugio de migrantes en riesgo
La Corte Suprema confirmó unánimemente un fallo de primera instancia que dispuso se realice el procedimiento de reconocimiento de refugiados, a dos ciudadanos venezolanos y uno colombiano, quienes fueron amenazados y recibieron presiones en sus países, viendo peligrar su vida. Para protegerlos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección para asegurar que el trámite se realizara en condiciones de igualdad, tal como lo dicta la Constitución Política.
El recurso de protección fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, debido a que el Departamento de Extranjería y Migración citó a los solicitantes a una entrevista, programada para cinco meses después de planteada la solicitud de refugio, lo que se encuentra fuera de procedimiento según lo establecido en la Ley 20.430 sobre refugio. Esta establece que un solicitante, al manifestar su voluntad de acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, debe acceder inmediatamente a la revisión de su situación.
El fallo precisa que «una solicitud de refugio como la planteada por el recurrente debe recibir un tratamiento especial, es decir ‘el trato más favorable posible’ y que, en particular, ha de estar sujeto a un régimen de prontitud, inmediatez y oportunidad».
«Resulta manifiesto que el Servicio de Extranjería y Migración ha incumplido con los deberes que le imponen tanto los convenios de derecho de los derechos humanos, porque ha retardado la tramitación oportuna de dicho requerimiento, no obstante la urgencia que el caso amerita”, complementa el fallo.
La urgencia citada, en el caso de la ciudadana colombiana, se refiere a que ella se desempeñaba como funcionaria penitenciaria en el Estado de Miranda (Colombia), y debía revisar los casos de internos que postulaban a beneficios penitenciarios. La ciudadana asegura que, al negarse a presiones, fue objeto de violencia física y amenazas de muerte a ella y a su familia, razón por la que escapó a Chile junto a su cónyuge, quien también solicitó refugio.
En lo concerniente a la situación del ciudadano colombiano, las circunstancias son similarmente complejas. Él era parte de una ONG que protegía los derechos de niños, niñas y jóvenes reclutados para la guerrilla, por lo que fue catalogado como “objetivo militar”, y recibió amenazas de muerte, además de su esposa y sus dos hijas de 7 y 16 años.